16/07/2012Días pasados, Directivos de la Asociación Crecer Solidario fueron recibidos por el Subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froidevaux, para dialogar acerca de algunas inquietudes que se plantearon desde la asociación mariagrandense, especialmente interesados en la política de seguridad pública de la provincia…
La asociación fue representada en esta audiencia por Rubén Galante y José Federico Mastaglia, Presidente y Secretario respectivamente de la misma.
Uno de los perfiles de la Asociación Crecer Solidario, es constituirse como un ámbito de estudios legales, sociales y económicos.
Precisamente, en relación a dicho perfil, se pusieron en discusión algunas inquietudes acerca de temas que hacen a la seguridad pública.
Partiendo de la base que la política de seguridad del Estado, no debe ser antagónica al respeto por los Derechos Humanos, se planteó la necesidad de reforma de la Ley de creación de la Policía de Entre Ríos N° 3.815 que data del año 1952, donde también se disponen contravenciones que a la realidad del mundo actual, tiende a criminalizar acciones que pueden ser cotidianas para algunos vecinos.
En el mismo marco de estas inquietudes, también se mostró preocupación por el tratamiento de la normativa que intenta regular el uso de cámaras de seguridad o video-vigilancia, tal como se encuentra en el proyecto originario. Partiendo de la base de entender que en el afianzamiento de la seguridad, se involucran múltiples factores y las condiciones de seguridad se facilitan cuando son más estrechos los lazos de solidaridad entre los integrantes de la misma comunidad y las necesidades básicas tienden a cumplirse en todos los ámbitos. Por lo tanto la mejor política de seguridad pública, es aquella que se apoya en el fomento al trabajo regularizado, a la educación en todos sus niveles, la promoción de la salud, en el sustento a la familia como núcleo base de la sociedad, junto al planteo de políticas de vivienda que tiendan a conformar la gran demanda anual y en resumen todos los aspectos que impliquen la promoción de un desarrollo equitativo y en igualdad de oportunidades.-
Desde este punto, los representantes de “Crecer Solidario” manifestaron que puede entenderse necesaria, ante el vacío legal existente, una legislación que reglamente el uso, cada vez más asiduo, de video-cámaras que graban las acciones ciudadanas en el ámbito público, ya que la utilización de estos sistemas, afectan indefectiblemente derechos fundamentales de las personas, tales como la intimidad, a la libertad ambulatoria, el derecho de la imagen, a la privacidad, el honor y otras tantas prerrogativas que se derivan de las anteriores.-
Opinaron que al verse implicados Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, la regulación que se prevea, debería ser específica, clara y detallada, sin lugar a lagunas interpretativas, porque se debe poner atención, que el uso de dichos sistemas de video-vigilancia, ya implican de por sí, el desmedro de varios derechos fundamentales receptados en la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos, existiendo casos jurisprudenciales en provincias vecinas donde se ha encomendado la abstención de posibilitar la video-vigilancia, justamente por vulnerar más derechos que los que supuestamente se protegen.-
Otro hecho que genera inquietud, es que básicamente el proyecto en análisis, propone una reglamentación marco y concede indirectamente el manejo del sistema a la Policía, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia; siendo que en dicha materia, el paradigma y criterio seguido en la actualidad, especialmente por el Gobierno de la Nación, es conceder el mando de dichas herramientas por fuera de las estructuras tradicionales de las Fuerzas de Seguridad, sean éstos juzgados o entes municipales.
Dicho criterio no es seguido por el proyecto originario y además colisiona con las autonomías municipales, ya que los sistemas de video-vigilancia al ser aplicados en el ámbitos de las ciudades, deberían ser los mismos Municipios los encargado de definir o no, su establecimiento y regulación. Además, por verse implicados derechos fundamentales, ameritaría especificar la aprobación por mayoría especial de cada Concejo Deliberante de los Municipio que deseen y elijan disponer de dichos sistemas.-
Como no podía ser de otra manera, el proyecto genera la adhesión de los representantes de las empresas que venden dichos sistemas, demostrando el interés económico-empresarial que existe en el fomento de dicha práctica. Debe ponerse atención que estas cámaras empresarias siempre tienden a destacar virtudes y sobre-valorar sus productos, prescindiendo de manifestarse respecto a los efectos negativos de aplicación de los mencionados sistemas.
La implementación tecnológica de cámaras de video-vigilancia para la “lucha contra el delito”, constituye una propuesta incompleta y onerosa frente a los escasos efectos positivos que pueda provocar. Es por ello, que los representantes de “Crecer Solidario” manifestaron necesario contextualizar dicha iniciativa en el escenario de una política de seguridad pública provincial, concibiéndola a ésta como política de Estado.
El Subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froidevaux, junto a su equipo, coincidieron en el planteo de todas estas inquietudes y compartieron la idea de que el tratamiento de esta iniciativa amerita un debate más amplio y plural. Incluso se hace necesaria la consulta a las organizaciones sociales, en el marco de audiencias públicas, a fin que todos aquellos interesados puedan exponer sus argumentos en la Legislatura y enriquecer el proyecto originario.-
Los directivos de la asociación, quedaron en la espera de ser convocados en un futuro próximo, para delinear cursos de acción respecto a éstos y otros temas que se trabajarán desde el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.
