En una carta dirigida al ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, 61 organizaciones no gubernamentales solicitaron “la suspensión de la caza por 5 años” de especies nativas –especialmente en cotos–, “hasta que haya estudios confiables y participativos sobre las aves y la contaminación por plomo que produce la caza”. En este orden, recuerdan los fallos de la Justicia que han declarado nula e inconstitucional las resoluciones que habilitan la cacería en las dos últimas temporadas. También consideran “el contundente rechazo de la enorme mayoría de la sociedad entrerriana” a este tipo de prácticas. En la misiva –según publicó el portal Era Verde- solicitan una formal audiencia para expresar la “postura acerca de la irresponsable política cinegética” que se llevó adelante en las pasadas gestiones.

La carta elevada a las autoridades gubernamentales para suspender la caza menor fue dada a conocer este 3 de mayo. La firman el Foro Ecologista de Paraná, el Cebtri de Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), Ecoguay, Ayuda Animal, Conciencia Animal y el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogacía de Entre Ríos, entre otros. Adhieren también reconocidas instituciones animalistas y ambientalistas de toda la Argentina y del Uruguay, entre ellas Fundación Azara, Fundación Cullunche, Pumakawa, Fundación Hábitat y Desarrollo, Coendú de Uruguay, Pájaros Caídos y Asociación por la Justicia Ambiental.

El pedido público de las entidades se da a conocer ante lo que sería la inminente habilitación de la temporada de caza en Entre Ríos. Indicios que dan a entender que la resolución oficial es casi un hecho está dado por las audiencias públicas a las que se han convocado para dar a conocer estudios poblacionales de patos que han sido encargados por las organizaciones pro cacería y que han sido cuestionado por las organizaciones por lo sesgado y que el proceso de trabajo no ha sido participativo.