Un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio dispone la aplicación de la pena máxima a los conductores que se nieguen a realizarse el test de alcoholemia. La negativa será sancionada con multas de entre 500 mil y 1 millón de pesos, más la inhabilitación para manejar por un plazo de entre uno y dos años. También será retenido el vehículo y la licencia.

La decisión se adoptó luego que desde la Policía de Entre Ríos se advirtiera a las autoridades del Poder Ejecutivo que son usuales los casos de conductores que se niegan a realizarse la prueba en los diversos operativos de control, especialmente en los puestos camineros.

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