El fiscal que lleva adelante la investigación por irregularidades en las contrataciones para la Cumbre del Mercosur, Juan Malvasio, aseguró que probablemente “habrá funcionarios y empresarios” en el marco de la causa y adelantó que “en la próxima semana habrá personas llamadas para que propongan abogado defensor”. Aunque aclaró que aún “no hay nadie imputado concretamente”, sostuvo que “obviamente surge de la investigación penal que hay personas que ya están sindicadas y que deberán designar abogado defensor para ejecutar la defensa técnica”. No obstante, explicitó: “Para atribuirle a alguien un hecho delictivo se necesita precisión en la plataforma fáctica, una precisión del hecho para que la persona pueda defenderse, y no puedo asegurar que eso ocurra antes de fin de año, sí puedo asegurar que esta investigación va a seguir avanzando”. Además aclaró que la causa es “por presuntas irregularidades en el marco del convenio de colaboración entre el Estado provincial y la Cámara Argentina de la Construcción” y que el delito es “fraude a la administración pública” pero explicó que “eso no quita que en el marco de la investigación puedan surgir otros hechos que conlleven nuevos ilícitos penales” como y que existan “otros delitos que pueden ser imputados en algún momento”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Malvasio confirmó que en la jornada del miércoles “se realizó una serie de procedimientos, siete concretamente, en distintas empresas de Paraná, en la Cámara Argentina de la Construcción delegación Paraná, y en el despacho de Alicia Benítez de Feltes (actual titular de Vialidad Provincial)”.

 

Especificó que en dicha oficina, el procedimiento consistió “en el secuestro de su teléfono celular y trabajar sobre su computadora a fin de extraer información que resulten importantes para la investigación penal”.

 

Consideró que “dar una valoración sobre los elementos secuestrados sería prematuro pero es dable destacar que se secuestraron diversos elementos: documentación relacionada a la Cumbre del Mercosur y computadores que serán sometidos a pericias por los contadores que trabajan en la órbita del Ministerio Público y por personal del gabinete informático de la Fiscalía y una vez que estén los resultados de esos informes se verá cómo se avanza en esta pesquisa, que en principio es por un fraude a la administración pública”.

 

Recordó además que la investigación es “por presuntas irregularidades en el marco del convenio de colaboración entre el Estado provincial y la Cámara Argentina de la Construcción” y en ese contexto “se realizaron procedimientos en las empresas OyC, Lozzi, Szczech & Szczech, Cemic y Caballi, que fueron las que resultaron beneficiarias para la realización de la obra pública en el marco de la Cumbre y también proveyeron bienes y servicios durante el desarrollo de la Cumbre que se realizó en 2014 en Paraná”.

 

“Estas empresas resultaron seleccionadas o beneficiadas en la provisión de bienes y servicios y en la realización de la obra pública en el marco de la Cumbre y se están investigando presuntas irregularidades en el convenio entre el Estado y la Cámara Argentina de la Construcción y se va a evaluar, merituar e investigar si hubo sobreprecios en el pago de esa obra pública y en la provisión de esos bienes y servicios. Ése es el objeto de esta investigación lo que no quita que se pueda profundizar y surjan nuevos hechos que puedan ser encuadrados en distintos tipos penales”, ahondó.

 

Respecto del allanamiento que se efectuó en la oficina de la titular de Vialidad, el fiscal aclaró que “la documentación se secuestró en las empresas, y como Feltes había sido designada por decreto como coordinadora general del Comité Operativo para la Cumbre se consideró necesario contar con la información de su teléfono celular, el que eventualmente habrá sido utilizado en las distintas intercomunicaciones con las empresas y con el señor Miguel Marizza quien también fue seleccionado por la Cámara Argentina de la Construcción como representante de la Cámara, y por ello también se trabajó sobre su correo electrónico y el que tenía asignado en ese momento como vía de comunicación entre la Cámara de la Construcción y ella en calidad de coordinadora”.

 

Malvasio agregó que “el objeto de la investigación son las irregularidades en la contratación de la obra pública y obviamente pueden surgir otro ilícitos penales” por lo cual “habrá que analizar una vez reunida toda la información si no hay negociaciones incompatibles, incumplimiento de funcionario público; es decir que hay una serie de ilícitos que pueden ser imputados eventualmente, en algún momento”.

 

Ante esto, reiteró: “Se inició la pesquisa por fraude a la administración pública porque se advirtió en el marco de otro legajo que se está tramitando en el Ministerio Público Fiscal irregularidades en la contratación de todo aquello que conllevó desarrollar la Cumbre del Mercosur: la realización de la obra pública y la provisión de bienes y servicios. A partir de ahí se inició la investigación penal que motivó los procedimientos de ayer, pero si en el marco de la investigación surgen nuevos hechos y los mismos pueden ser encuadrables en distintos tipos penales obviamente se seguirá avanzando. Todos estos son delitos de acción pública que habilitan a que el Ministerio Público Fiscal pueda actuar de oficio, como se hizo en esta causa”.

 

También puntualizó que “personas imputadas concretamente no hay hasta hoy, pero con el resultado de estos procedimientos seguramente se citará a algunas personas para que propongan abogado defensor y puedan ejercitar el contralor de la prueba que se va a producir” y reveló que “ayer hubo distintas comunicaciones con profesionales que llamaron interesándose por el avance de la investigación y eventualmente van a presentarse en la investigación penal como abogado defensor de los directivos de las empresas que ayer fueron allanadas”.

 

“Por el momento no hay personas imputadas, pero obviamente surge de la investigación penal que hay personas que ya están sindicadas y que deberán designar abogado defensor para ejecutar la defensa técnica”, sentenció.

 

En cuanto a los allanamientos propiamente dichos, mencionó que “el allanamiento no deja de ser un procedimiento invasivo y toda persona a la cual se le ingresa a su vivienda, empresa u oficina por orden judicial no se siente a gusto. Pero son las reglas del juego y en un Estado democrático la Fiscalía acusa, la persona acusada se defiende y el juez decide al respecto. Estos procedimientos fueron requeridos por mí y autorizados por un juez de Garantías que entendió que estaban reunidos todos los requisitos formales y materiales para poder llevar adelante la investigación”.

 

A modo de resumen, el fiscal Malvasio adelantó que es una causa en la que “habrá funcionarios y empresarios imputados en próximas semanas”. “En la próxima semana vamos a designar personas para que propongan abogado defensor, pero recibir una declaración de imputado y atribuirle un hecho delictivo se necesita precisión de la plataforma fáctica, precisión del hecho para que la persona pueda defenderse y no puedo asegurar que sea antes de fin de año”, explicitó.

 

“Sí puedo asegurar y garantizar que esta investigación va a seguir avanzando, pero los plazos no dependen del fiscal sino de las pericias que pueda proponer eventualmente la defensa y demás”, sentenció.

 

“Que habrá personas llamadas a proponer abogado defensor, seguramente en los próximos días pero que vamos a atribuir este hecho en concreto a personas determinadas antes de fin de año sería apresurado confirmarlo”, concluyó.