“El diálogo no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza” (Paulo Freire)

(Iván Pesuto. Mediador)

En momentos de crisis y de grietas profundas, que tienen abierta a la sociedad de lado a lado, cuenta nuestra provincia con una valiosa herramienta, aunque oxidada por la falta de uso. Un instituto constitucional ya legislado, que, puesto en funcionamiento, colaboraría en lograr una ortopedia como para empezar a gestar los consensos fundamentales que la sociedad necesita, como políticas de Estado. Y hablamos del Consejo Económico y Social (CES): un órgano dialógico y deliberativo por antonomasia. Porque su combustible es a base del diálogo, entendido en su sentido más amplio, como un inigualable intercambio intersectorial, para llevar adelante procesos colectivos de inclusión y discusión.

El artículo 53 de la nueva Constitución de Entre Ríos, expresa: “El Consejo Económico y Social es un órgano de consulta de los poderes públicos, cuya función será producir informes y dictámenes no vinculantes para la elaboración de políticas de Estado. Tendrá autonomía funcional y estará integrado por representantes de la producción, el trabajo, el ambientalismo, la educación, las profesiones, la ciencia y la tecnología en los términos en que la ley lo establezca. Sus miembros serán elegidos por las entidades representativas de cada sector. Forman parte del Consejo para el asesoramiento y la elaboración de las políticas específicas, los departamentos de familia, salud y cultura, como asimismo otros que se estimen necesarios. Son integrados por representantes de las entidades vinculadas a la materia, con participación regional y propendiendo a la descentralización”.

Un instituto centenario – sus antecedentes:

Su origen data en las viejas constituciones europeas de comienzos del siglo XX, destacándose su incorporación en la Constitución Española del año 1.978, seguramente como efecto de los Pactos de la Moncloa del año anterior. Sin dejar de mencionar que, de los seis organismos principales de las Naciones Unidas, uno es su Consejo Económico y Social. En nuestro país, recordamos la experiencia del Consejo Económico y Social, llevada adelante por el ex presidente Juan Domingo Perón.

Los ejemplos nacionales son exitosos: Chaco (la primera provincia que lo incorporó), Salta, Córdoba y Santa Fe; además CABA, y las ciudades de Rosario y Río Cuarto. Lamentablemente Entre Ríos, que ostenta la constitución de sesgo humanista más joven y moderna de la Argentina (sobre todo en materia de reconocimiento de derechos), ya cuenta con la ley desde el 2.009…pero ausente la voluntad política de implementarlo en la práctica.

El texto de la Ley Nº 9.939:

La ley de creación define al CES como “persona jurídica de derecho público” con sede en Paraná; que deberá actuar “como órgano de consulta y asesoramiento” de la Legislatura, a pedido de cualquiera de las Cámaras; del Ejecutivo a solicitud del gobernador o sus ministros, o “por propia iniciativa” en materias vinculadas a “familia, salud y cultura”; atinentes al Régimen Económico, del Trabajo y del Desarrollo Sustentable contemplado por la Constitución; y las referidas a la educación, la ciencia y la tecnología.

Se prevé una integración con treinta delegados titulares, pertenecientes a entidades de máximo grado o de reconocida representatividad, conforme lo siguiente: nueve representantes del sector empresario (tres por la industria, tres por la actividad agropecuaria y tres por los servicios, con la previsión de que tomen parte activa las pymes); nueve representantes de los sindicatos; tres miembros de cooperativas y mutuales; tres delegados de los colegios profesionales; tres en representación de las universidades nacionales con sede en la provincia; y tres por entidades sociales, educativas o científicas.

A los fines de acreditar las representaciones, se crea en el ámbito del Ministerio de Gobierno un registro especial; en representación del Poder Ejecutivo se designa un representante que preside el organismo. También tendrán sus delegados la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que también ocuparán cargos de jerarquía.

Un detalle no menor es que el desempeño de las funciones en el CES será de carácter honorario: lo que hace perder todo vigor a cualquier excusa gubernamental, justificando su falta de implementación, por argumentos de falta de financiamiento.

Gatopardismo… ¿o solo desidia?

Esta historia entrerriana de entrecasa, nos remonta a la novela del italiano Giuseppe Tomasi de Lampedusa, llevada al cine en la gran película de Luchino

Visconti, que lleva el título del libro: El Gatopardo. Que sirvió luego para acuñar un concepto que se hizo célebre en política: el gatopardismo. Simplificando, quería decir: “cambiar algo para que nada cambie”.

Sea intencionalmente o no, el hecho concreto es no ha existido intención política expresa de reglamentar al CES, que desde hace 9 años está ya legislado; en definitiva el resultado es el mismo: la ciudadanía entrerriana no cuenta en su vida diaria, con este recurso inigualable de la democracia participativa.

Un organismo multidisciplinario y plurisectorial, que asimismo sería de extrema utilidad para el mismo poder político, ya que le permitiría compartir la responsabilidad por la toma de decisiones, sobre políticas de estado, de mediano y largo plazo.

Y eso que fue el primer instituto que votó por unanimidad la Convención Constituyente, en 2.008, para ser incluido en la nueva Constitución Provincial. Además fue uno de los primeros que trató la Legislatura, consagrándose la citada Ley N° 9.939, promulgada el 9 de diciembre del año 2.009, votada asimismo por unanimidad en ambas cámaras.

Sin embargo, la norma legal es por ahora letra muerta. No se ha convocado a las entidades (empresarias, sindicales, académicas, profesionales) a que designen a sus representantes, ni el Ejecutivo ha designado al funcionario que estará al frente de la organización.

Un estado de somnolencia profunda que mantiene aletargado al poder político en este tema republicano tan sensible, ante lo cual solo nos queda reaccionar pacífica y democráticamente como sociedad, instando su urgente reglamentación.

El tiempo de las palabras:

Dicen que democracia es todo lo que viene el día después de la elección.

Pero si no funcionan los canales institucionales adecuados, creados por la misma constitución: ¿que tiene la ciudadanía para influir en ese Juez, en el Poder Ejecutivo y en ese Legislador, el día después de la elección? …si la respuesta es negativa, estamos en un problema.

Es el CES una institución de altísimo voltaje en términos de representación y de participación ciudadana, que permitiría horizontalizar las decisiones, en el marco de las políticas públicas.

Y también se necesitará, como se observa en otras experiencias nacionales, de la creación de una herramienta paralela a la formación del consejo: el llamado Plan de Desarrollo Estratégico, el que se concretará luego en recomendaciones y opiniones institucionalizadas a través del CES.

Hoy la demanda ciudadana es como crecer en institucionalidad, buscando articular mecanismos de control del poder político, siendo sus objetivos principales: un mayor desarrollo, una mejor calidad de vida y menor pobreza.

Aunque también puede colaborar el CES, para atender cuestiones urgentes y de la coyuntura (como por ejemplo la experiencia en Córdoba, donde luego de 12 días de paro, pudieron arribarse a sendos acuerdos con intervención del CES cordobés).

Es este instituto un claro ejemplo de la deuda pendiente del poder político para con la entrerrianía toda, no pudiendo argumentarse como justificaciones válidas: ni la falta de acuerdos políticos ni la falta de financiamiento.

La demora en la reglamentación excede los límites de lo racional y razonable; se impone su inmediata vigencia, como política de participación ciudadana, y con miras a una planificación estratégica de largo plazo.

Es el tiempo de que los habitantes de esta provincia empiecen a hacer llamados, para que se pongan en marcha las promesas incorporadas en la sección de los derechos, en términos de democratización y participación política. Es la hora.