“No existe ningún tipo de incumplimiento por parte de la Fiscalía de Estado respecto al caso grandes máquinas SA”. Con esa frase comienza un texto que lleva la firma del fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, y en la que da su versión de los hechos sobre el caso que el periodismo denominó “cosechadoras truchas” y por el cual el Estado provincial otorgó ayudas económicas a la empresa que luego entró en quiebra. El caso fue llevado a la Justicia, y el denunciante extendió la denuncia al fiscal de Estado. Eso es lo que contesta Rodríguez Signes. En un texto enviado a ANÁLISIS DITIGAL, el abogado del gobierno precisa, no obstante, que la deuda con la provincia está verificada por el síndico y el Estado está en el listado de acreedores para cobrar.
Lo que dice el fiscal de Estado
La empresa BSV SA, luego transformada en “Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA” (Grupo Senor), propuso al Ministerio de la Producción del Gobierno de Entre Ríos el diseño y ensamble de cosechadoras en un establecimiento industrial a instalarse en Concepción del Uruguay. El proyecto preveía una inversión de 25 millones de pesos, de los cuales el FINVER aportaría un 80% y el grupo Senor un 20%, comienza recordando el texto de Julio Rodríguez Signes y amplía:
La provincia aportó un total de $ 5.574.500 a su compromiso inicial de acuerdo al siguiente detalle:
1º Crédito en noviembre de 2009 por $ 574.500; Decreto Nº4432GOB.
2º Crédito en mayo de 2011 por $ 4.000.000 en desembolsos parciales; exp. nº1202820, Decreto Nº96/11MEHF
3º Crédito en marzo de 2012 por $1.000.000 Decreto Nº529MEHF, de fecha 19/03/2012,
Explica también que “cada uno de estos aportes fue tramitado en el respectivo expediente administrativo sin intervención de la Fiscalía de Estado en ninguno de ellos, desde el inicio hasta el otorgamiento del crédito. Por lo tanto afirmar la participación de la Fiscalía o de alguno de sus funcionarios en el otorgamiento de los créditos es falso”.
“El Grupo Senor no cumplió con las obligaciones asumidas, motivo por el cual la Provincia de Entre Ríos no completó la inversión inicialmente comprometida dado ese incumplimiento”, indica el funcionario.
Reseña que “en fecha 18/09/12 Grandes Máquinas solicitó su concurso preventivo, proceso que se caratula “Grandes Máquinas Concepción del Uruguay S.A. S/ Concurso Preventivo” Expte. 831 y que tramita en el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de Concepción del Uruguay”.
“La Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre Ríos –explica el propio titular del organismo– recién tomó conocimiento de esta operatoria crediticia cuando se presentó el concurso preventivo de la firma, oportunidad en la que se requirieron todos los antecedentes del caso para poder presentar la verificación del crédito en tiempo y forma”.
“Efectivamente –contiúa–, el crédito fue verificado. En el trámite del Concurso Preventivo – hoy Quiebra – se aceptó la verificación insinuada por el Estado Provincial del total del crédito”.
Apunta que como parte de la tramitación normal, “la empresa presentó propuesta de acuerdo de pago, la que fue incorporada a un expte. administrativo, el RU 1511629, donde la Fiscalía de Estado requirió opinión al Ministerio de Economía respecto de la aceptación o no de la propuesta cursada”.
Y agrega que “en ese trámite administrativo se requirió mayor información y finalmente la Fiscalía de Estado concluyó que la propuesta presentada por la concursada no resultaba admisible ni protegía adecuadamente los intereses del Estado, por lo que no se prestó la conformidad interesada”.
“No habiendo reunido la concursada la cantidad necesaria de voluntades para que se aprueben las propuestas para el Concurso Preventivo en fecha 14/03/14 el juez decretó la Quiebra de Grandes Máquinas S.A., habiéndose dispuesto, a partir de esa resolución, una serie de medidas tendientes a la realización de los bienes de la empresa para generar liquidez para cubrir el pasivo verificado”, indica.
El abogado del gobierno sostiene que “ese trámite judicial sigue su curso normal y allí la Provincia ya tiene verificado el crédito y seguirá la suerte del resto de los acreedores en su recupero, conforme lo que surja de la realización de los bienes de la quebrada”.
“Por otra parte y en forma interna –continúa Rodríguez Signes– cumpliéndose con las previsiones normativas pertinentes, toda la operatoria del otorgamiento de los créditos se encuentra siendo evaluada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo competente para determinar si existió perjuicio fiscal y quienes son los responsables de éste”.
En cuanto a las pólizas de caución, el beneficiario de estas resultó ser el FINVER, “quien otorgaba los créditos”. “Por esta razón, a la par de la verificación del crédito y a todo evento, por lo que pudiera resultar de esta verificación, la titular del FINVER denunció el siniestro ante el IAPSER”, indica.
La instancia judicial contra el IAPSER “no se encuentra habilitada aún y sería, al entendimiento de esta Fiscalía de Estado, la instancia administrativa la adecuada para resolver, si lo hubiere, el eventual conflicto emergente de la cobertura de los siniestros denunciados”, agrega el fiscal de Estado.
“Como puede observarse y del análisis de los expedientes administrativos y judiciales que se sustancian, la Fiscalía de Estado no ha incurrido en ninguna clase de incumplimiento respecto a este procedimiento”, termina diciendo el fiscal de Estado.