De acuerdo a la prueba documental aportada a la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el contingente de cazadores mexicanos, del que formaba parte Canales Najjar, salió de excursión sin permiso de caza mayor, ya que contaban con autorización para caza menor. Además, el informe girado por el actual director General de Fiscalización, Juan Mansur –que se hizo cargo de esta oficina poco después que estalló este escándalo–, especifica que “en relación al establecimiento rural Punta Caballo, consultado con el área pertinente de esta Dirección General de Fiscalización, se informa que el único antecedente obrante en este organismo es el Expediente Nº 914423/08, por medio del cual se tramitó solicitud de licencia de Coto de Caza y Turismo Aventura la firma ‘Lamontar SA’, declarando el establecimiento ‘Punta Caballo’ para el ejercicio de dicha actividad renovando habilitación para el año 2014, otorgada mediante Resolución Nº 720/14 DGFA, no obrando ninguna habilitación para los años posteriores al día de la fecha”.