El fallo la Cámara platense que días atrás declaró la imprescriptibilidad de delitos de corrupción en un expediente en el que se investigaba al ex juez Julio César Miralles invita a una reflexión sobre los tiempos de la justicia y, sobre todo, el alcance que debe tener ésta con quienes administran la cosa pública.

Quienes somos legisladores y trabajamos con los recursos del Estado tenemos una doble responsabilidad. Ante los ciudadanos, cumpliendo nuestras propuestas o de lo contrario, argumentando consistentemente porque no se cumplen y ante el Poder Judicial, para que por la ley, darle herramientas que afiancen la justicia. Pero esa doble responsabilidad muchas veces es atropellada por la doble moral, que quizás sea el peor de los atributos de la política, donde se dice una cosa pero no se construyen las instituciones para que lo dicho se haga realidad. Debemos dar vuelta la ecuación y volver a poner a la rendición de cuentas en el centro de la escena, y dotar de normas a nuestro sistema judicial para poder ir en esa dirección.
Todos los partidos políticos o Frentes pueden pensar como deseen, pero ninguno puede prescindir de la necesidad de legitimidad que se le debe al Estado y sus instituciones. Si el pueblo de la Nación Argentina no cree, no hay discurso o ley que pueda blindar los valores esenciales para vivir en paz y con bienest