El 13 de enero de 2002, se vio por última vez al matrimonio y sus cuatro hijos. El juez de la causa indicó que “es una obligación del Estado darle una respuesta a los familiares”.

El juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, está desde 2015 al frente de la investigación de la desaparición de la familia Gill, ocurrida hace 19 años. La causa está caratulada como “Averiguación de paradero”. Pese al paso del tiempo, no se han dejado de realizar procedimientos, tomar testimoniales, contactar testigos y buscar apoyo de especialistas.

En diálogo con el programa A Media Mañana de Elonce TV, el magistrado precisó que tienen “17 cuerpos de expediente, en el cual obran las distintas medidas que se han realizado oportunamente”.

El 13 de enero de 2002, se vio por última vez a Rubén “Mencho” Gill, entonces de 56 años; a su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26 años, y a sus hijos María Ofelia, de 12 años, Osvaldo José, de 9 años, Sofía Margarita, de 6 años, y Carlos Daniel, de 2 años. Fue en un velatorio en Viale, a 20 kilómetros de Crucesitas Séptima, en el departamento Nogoyá, donde vivían. Nunca más se los observó en el campo La Candelaria, donde vivían y trabajaban los padres.

Acosta consideró que “es una causa muy compleja” y que el impacto que genera es porque “el Estado no da respuestas a los familiares de las personas que han desaparecido”. En ese marco, destacó la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), aunque las excavaciones que se realizaron en el campo La Candelaria no aportaron ningún dato nuevo.

“El transcurso del tiempo juega absolutamente en contra de la investigación. Hemos tenido diferentes hipótesis de trabajo. Hasta ahora las excavaciones y rastrillajes han sido infructuosos”, reconoció.

Interrogado sobre alguna pista nueva, recordó que “en noviembre realizamos la última excavación en función de los datos que nos aportó una persona de la zona que es cazador y pescador. Era concurrente al establecimiento rural y había observado modificaciones en unos pozos de agua. Pero el resultado fue negativo”.

A pesar de ello, siguen entrevistando gente y “la causa está abierta, porque es una obligación del Estado darle una respuesta a los familiares de estas personas”.

Acerca de los pasos a seguir, expresó que “el lunes nos entrevistamos con personas de las zonas y en función de eso trabajamos. Seguiremos buscando información”, afirmó, al tiempo que consideró “importante que los medios de comunicación mantengan vivo este tema”.