Se concretó la audiencia solicitada por los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Uocra con Rogelio Frigerio y su gabinete de gobierno provincial. Compartieron la preocupación por el estado de la obra pública en Entre Ríos en un contexto nacional complejo.

Según datos suministrados por la Camarco, la deuda de obra pública que heredó el gobierno de Frigerio asciende a más de 22.000 millones de pesos. De ese total, 15.000 millones se adeudan a las empresas del sector, 6.800 millones corresponden a deudas judicializadas por certificados vencidos y alrededor de 1.000 millones que debe la Unidad Ejecutora de la Provincia (UEP).

Se acordó neutralizar durante 60 días (con posibilidad de prórroga) las obras que hoy se encuentran licitadas y adjudicadas y así poder analizar la situación «cuidando a los trabajadores, a las empresas y a la salud financiera de la provincia», informó el gobierno. Se estudiará caso por caso para decidir a qué obras se les dará continuidad, con qué financiamiento contarán y qué obras se detendrán.