En septiembre de 2022 la zona rural de El Redomón, en el Departamento Concordia, fue noticia nacional a raíz de un allanamiento en el cual rescataron a supuestas víctimas del delito de trata de personas, que habrían sido explotadas laboralmente por pastores de lo que se conoció púbicamente como la «secta del horror». Poco más de un año después, la Justicia federal absolvió a los acusados y ordenó investigar la presunta comisión del delito de instigación al falso testimonio en perjuicio de los imputados. Hubo también una fuerte advertencia a los organismos que participaron del «rescate», para que no reiteren en el futuro lo sucedido en este caso.

Este jueves se dieron a conocer los fundamentos de la sentencia dictada en el juicio que se realizó contra Sergio Gabriel Zigler y Mónica Viviana Mancinelli y otros ocho imputados. La fiscalía no formuló acusación contra ellos y el Tribunal Oral Federal de Paraná, en consecuencia, los absolvió. Fueron juzgados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por una serie de condiciones, entre ellas la de ser los acusados ministros de culto. Zigler y Mancinelli eran los pastores, considerados coautores, y los restantes, partícipes necesarios.

El juicio se realizó entre fines de noviembre y el 26 de diciembre y tuvo la particularidad de que todas las personas que llegaron a esa instancia en condición de víctimas declararon a favor de los pastores y manifestaron que no realizaban trabajos, más allá de tareas voluntarias propias de una granja, es decir, no estaban siendo explotadas. Esto también se pudo corroborar a través de los videos publicados en las redes sociales de la comunidad Iti Jersualem de la Iglesia Tabernáculo Internacional.

Los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros llegaron a la conclusión de que «de los dichos de los testigos víctimas, prestados bajo juramento, surgiría que las psicólogas actuantes habrían obrado con la finalidad de que aquéllos cambien sus dichos en perjuicio de los procesados». Por ese motivo, corrieron vista al fiscal en turno de Concordia, a fin de que «se investigue el accionar de las licenciadas que intervinieron en las entrevistas y si las mismas encuadran en alguno de los tipos contemplados en el catálogo represivo».

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