El presidente de la Iglesia Adventista, Carlos Gill Krug y dos jefes dejaron sus cargos de cara a la investigación del juez González Charvay por el envío de artículos electrónicos de alta gama enmascarado como “donación” para una universidad para evadir impuestos.
Días atrás en un video de Youtube, el pastor Carlos Gill Krug, presidente de la Iglesia Adventista en el país, trató de ser un caudillo para los fieles de los 1055 templos inscriptos en su unión. «Es difícil, hermanos, describir el dolor de tantos de ustedes», dijo el pastor, «al ver a su iglesia sometida al oprobio de los medios de comunicación». Para Gill Krug, verse en el diario era por lo menos incómodo. Las declaraciones no eran para menos: los adventistas, quizás el mayor culto protestante de la Argentina, atravesaban el mayor escándalo de su historia en el país.
Gill Krug acababa de ser procesado con un embargo de dos millones de pesos por el doctor Adrián González Charvay, juez federal de Campana, tras una investigación de la división Delitos Federales de la PFA. No estuvo solo. Junto a él cayó toda la cúpula de la Iglesia en Argentina, comercialmente constituida ante la AFIP como la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día, que el pastor presidía. Carlos Daniel Giménez Graf, tesorero de la Asociación y Roberto Osvaldo Giaccarini, director de ADRA, la asociación de ayuda humanitaria del culto, así como apoderado de la Asociación, integraron la lista de procesados; también Jorge de Sousa Matías, vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, perteneciente al culto. El delito del que se los acusa: contrabando, con una maniobra multimillonaria.
El caso estalló en julio último en la terminal Zárate de la Aduana. Dos contenedores provenientes de Estados Unidos con mercadería marcada como «donación» eran el problema. El remitente era, precisamente, la asociación ADRA y estaban destinadas a la Universidad Adventista en Entre Ríos. En las cajas «se advirtió la existencia de insumos hospitalarios con vencimiento operado y/o en mal estado; distintos productos sin sus respectivos envoltorios; desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos», detalla un documento en la causa.
Sin embargo, entre jeringas, en cajas mal embaladas, se encontró un mal quizás mayor: 14,8 millones de pesos en artículos electrónicos de alta gama sin declarar. La lista incluyó seis televisores Samsung Smart, trece computadoras HP, cinco televisores Sony Bravia 74.5, cámaras de video HD, iPads, iPhones, computadoras iMac, un grupo electrógeno, potencias para auto, una impresora 3D y una consola de sonido profesional Yamaha QLS valuada en 30 mil dólares fueron parte de la lista.
Una despachante de Aduana también fue procesada. De Sousa Matías, señalado como el responsable de recolectar donaciones en Estados Unidos para el culto en Argentina y el aparente cabecilla de la operación de contrabando, fue intervenido telefónicamente y sus mails fueron capturados. «Pastor, ¿no habrá algún político influyente con el que se pueda hablar?», le dijo un fiel del culto después del hallazgo de los contenedores. «Buena idea», respondió el hombre: «Estamos viendo lo del político influyente».
En el video de Youtube, Gill Krug aseguró que «esta situación no nos representa» en «los valores que tenemos ni en los principios que enseñamos» y afirmó que «vamos a apelar esta medida porque hay omisiones y exageraciones». Finalmente, felicitó a los fieles que se mantuvieron en silencio y, como pastor, instó a todos a rezar. Los comentarios al videos no fueron precisamente plegarias: el repudio y las críticas de la congregación fueron casi unánimes. Para los adventistas, que sus líderes estuviesen cuestionados en la Justicia era una virtual deshonra. Lo cierto es que Gill Krug, Giménez, Giaccarini y De Sousa Matías no duraron en sus cargos.
En el día de hoy, según confirmaron voces oficiales de la Iglesia a Infobae mediante un comunicado, los cuatro jefes procesados ofrecieron sus renuncias, las cuales fueron aceptadas. «La Iglesia Adventista exige de sus líderes desempeñarse con dedicación exclusiva a sus responsabilidades sin ningún tipo de cuestionamientos sobre su accionar. Por lo cual estas decisiones permitirán que los mencionados atiendan todos los requerimientos de la Justicia», aseguró el comunicado.
Por lo pronto, el culto tiene un nuevo presidente: el pastor Darío Caviglione. Sin embargo, el caso no es una historia cerrada puertas adentro. La operación adventista es más que 1055 iglesias. Con un pasivo bancario reciente de más de 200 millones de pesos, incluye negocios como la cerealera Granix, además de clínicas, sanatorios y centros de «vida sana» para tratar adicciones, tabaquismo, estrés y sobrepeso. El enojo de la feligresía se reduce a un punto básico: qué hicieron los jefes de la Iglesia con la plata de sus diezmos.
Los embargos millonarios impuestos a Gill Krug, Zaccarini y otros no son el único problema. En el juzgado de González Charvay también tramita un legajo de aseguramiento de bienes que asciende a 280 millones de pesos. Para cubrirlo, la Iglesia ofreció bienes, presuntamente, entre ellos la planta principal de Granix.
Al llegar las primeras órdenes de detención y los pedidos de exención de prisión, González Charvay dictó severas cauciones, fianzas que según fuentes de la investigación fueron de dos millones de pesos para cada jefe adventista imputado. Todas fueron pagadas de inmediato: el 30 de septiembre del año pasado se depositaron ocho millones de pesos en ela sucursal Campana del Banco Nación. Así, los líderes del culto siguieron en libertad.
¿Las cauciones se pagaron con plata propia de los imputados, más allá de la caja adventista? Gill Krug, según su información previsional, es empleado de una sola firma que paga sus aportes y obra social: la Iglesia Adventista misma.
Una voz de peso dentro del culto asevera: «Cuando estalló el caso, hubo mucha confusión, porque no había una comunicación clara por parte de la Iglesia. Pero cuando Infobae dio a conocer el procesamiento, el fiasco fue total y terminó por generar una gran corriente de opinión a nivel nacional (dentro de las propias iglesias locales) a favor del apartamiento de la dirigencia».
La renuncia, por lo visto, no resuelve todo. La misma fuente apunta: «Ellos renuncian al cargo. Es un paso importante. Pero ahora hay que esperar la ‘disciplina eclesiástica’. Vos, como miembro, pertenecés a una congregación que puede estar en cualquier parte del país. Esa iglesia local debe someterte a vos a un proceso de disciplina, que puede ir desde una sanción donde no podés ejercer cargos entre 6 meses y un año hasta la expulsión como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día».
La justicia del Estado, por su parte, tiene su acusación resuelta. El juez González Charvay considera, en sus cálculos, que la instrucción de la causa está virtualmente cerrada. La elevación a juicio de los ahora ex jefes adventistas es solo cuestión de tiempo.
Por Federico Fahsbender. INFOBAE