El exgobernador y actual embajador de Chipre e Israel, Sergio Urribarri, en la Asamblea Legislativa de Entre Ríos, hace dos días atrás.

De ANÁLISIS

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, pidió 12 años de prisión para el exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, por delitos de corrupción. Desde el 27 de septiembre último, en los tribunales provinciales se desarrolló un megajuicio que ventiló 5 causas por delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública. Se trata de un juicio sin precedentes en la historia entrerriana. Junto al exmandatario provincial, se juzgó la participación de exministros de sus gestiones, exfuncionarios públicos, familiares y empresarios.

Tres fiscales -Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quienes contaron con la coordinación de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, apartada de sus funciones y en proceso de jury después de iniciado el debate-, calcularon un desvío de dinero de las arcas públicas de más de 9 millones de dólares que, traducido a la actualidad, significan 1000 millones de pesos.

Pedidos de pena, multas y decomisos

Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación: 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua más una multa de 90 mil pesos.

Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial: 10 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 180 mil pesos.

Corina Cargnel, contadora de Formato Urbano: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua más multa de 180 mil pesos.

Emiliano Giacopuzzi, acusado como testaferro de Aguilera: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua absoluta más multa de 90 mil pesos.

Luciana Almada, acusada como socia testaferro: 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua más multa de 90 mil pesos.

Alejandro Almada, acusado como testaferro: 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua más multa de 90 mil pesos.

Maximiliano Sena, acusado como testaferro: 2 años y medio de prisión condicional e inhabilitación perpetua más multa de 90 mil pesos.

Germán Buffa, empresario: 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua.

Gustavo Tórtul, coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur: 3 años de prisión condicional.

Hugo Marsó, exministro de Turismo: 5 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 90 mil.

Gerardo Caruso, empresario: 5 años de prisión más multa de 90 mil pesos.

Gustavo Tamay, empleado del Gobierno provincial:  4 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 90 mil.

Inmuebles

La Fiscalía también pidió el decomiso de dos inmuebles de las empresas Tep y Next SRL -ambas funcionan bajo la denominación comercial de Formato Urbano y fueron adjudicadas a Aguilera-. La acusación solicitó que una vez que quede firme la sentencia y se efectivice el decomiso, los inmuebles pasen a funcionar bajo la órbita del Poder Judicial. Se trata de los ubicados en calle Racedo 415 y Racedo 409 de Paraná.

Vehículos

También se solicitó el decomiso de una motocicleta Zanella 110; una camioneta Ford; un Citröen Berlingo; automotores propiedad de la empresa Formato Urbano. Se requirió que cuando la sentencia quede firme y se efectivice el decomiso, pasen a funcionar bajo la órbita de la Policía de Entre Ríos.

Elementos informáticos

Por último, el Ministerio Fiscal reclamó el decomiso de 11 CPU; 1 ploter de impresión; y 2 computadoras All In One. Cuando la sentencia quede firme y se efectivice el decomiso, Fiscalía pidió que los elementos informáticos sean donados al Concejo General de Educación (CGE).