El planteo de una empresa ubicada cerca de Viale y dedicada a la producción intensiva de carne porcina, fue contra la Cooperativa Eléctrica Quebracho Limitada, pero también alcanzó al Ente Regulador, como organismo encargado de fijar el valor de la tarifa en Entre Ríos.

“Rechazamos el amparo porque no les asiste razón. Uno de los argumentos que ponen es que no hubo audiencia pública para decidir el aumento, y nosotros hemos demostrado que sí la hubo”, señaló el funcionario. Se refiere a la audiencia que tuvo lugar el 5 de enero de 2014, en Villaguay, concluida la cual el Ente Regulador resolvió aplicar un aumento promedio de la tarifa del 19,9%.

Pero ese incremento no se aplicó ni en 2014 ni en 2015 debido al congelamiento tarifario acordado por la Provincia con la Nación. De igual modo, el EPRE dictó la resolución Nº 67/14, cuya aplicación quedó diferida hasta el cese del congelamiento, que no ocurrió a finales de 2014, sino en diciembre de 2015. Fue así que con el fin de ese acuerdo de sostenimiento de la tarifa, sumado a la aplicación de una cláusula gatillo que contienen los nuevos contratos de concesión, más la adecuación que dispuso la Nación en el verano, el costo de la energía en Entre Ríos registró, este año, una suba promedio del 147%.

Cómo subió

-Un informe elaborado por los técnicos del Ente Regulador, y que sirvió de base para la contestación al amparo que tramitó Bioder SA en la Cámara Contencioso Administrativo, da cuenta que tras la finalización del congelamiento el organismo decidió aplicar la suba tarifaria aprobada en la audiencia pública de 2014, del 19,9%, más el cálculo de la actualización inflacionaria que incluyen los nuevos contratos de concesión, denominado “Adecuación de los Costos de Distribución”, una polinómica en la que se tiene en cuenta el costo de la mano de obra, los materiales nacionales y los materiales eléctricos.

Así, incorporando ambas variables, daba como resultado un incremento, sólo considerando las resoluciones adoptadas en Entre Ríos, un incremento tarifario de alrededor del 80%. Pero desde el Ente Regulador se decidió minimizar el impacto de la suba. Así, a través de la resolución Nº 150/15, de diciembre pasado, se aprobó un nuevo cuadro tarifario con un incremento promedio del 37%.

A eso, además, se agrega la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), que también compone la tarifa y que explica el costo que le genera a la distribuidora comparar la energía en el mercado eléctrico mayorista.

Aquella primera actualización, del 37%, agregó un nuevo incremento, en febrero, dispuesto por la Nación en el mercado mayorista. El EPRE consultó al secretario de Energía, Raúl Arroyo, y éste lo aprobó.

Así, en enero se aprobó un aumento del 37%; en febrero, otra suba, del 43%; y finalmente, una variación producto del incremento de los costos mayoristas, del 57%.

“Si consideramos los efectos combinados con referencia a diciembre de 2015, en que la tarifa estaba congelada, podemos decir que a partir de febrero de 2016, la tarifa eléctrica promedio es un 147% más elevada”, dice el informe del EPRE.

El interventor del EPRE explicó: “Con las actualizaciones por inflación, debía haber aplicado un 90%, y apliqué un 37%”.

En Tribunales

El amparo presentado por la firma Bioder SA fue acompañado por una medida cautelar, en la que pidió que la distribuidora Cooperativa Eléctrica Quebracho Limitada se abstuviera de interrumpir el servicio mientras se tramita el recurso. A esa última petición, el camarista Marcelo Baridón dio acogida favorable. Resta ahora que se expida sobre el amparo.

Bioder SA posee un establecimiento de producción intensiva de carne porcina de 500 madres, que demandó una inversión de más de U$S5.000 por cerda madre, ubicado sobre la ruta nacional N° 18, a la altura del Km. 32. Se trata de una empresa que se dedica principalmente a la crianza de ganado porcino en cabañas, y entre sus costos de producción, el más relevante es el costo de la energía eléctrica.

El primer aumento dispuesto en enero último fue del 82%, y el segundo, en febrero, del 27,82%, lo cual da un acumulado del 132,99%.

En su presentación judicial, que recayó en la Cámara Contencioso Administrativo, reprochó dos aspectos de la medida: la “desproporción e irrazonabilidad de los aumentos”; y el hecho de que las subas hayan sido autorizadas por el Ente Regulador sin haber convocado a audiencia pública, como establece la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico que rige en Entre Ríos.

La empresa entiende que el Ente no convocó a audiencia pública antes de fijar los sucesivos aumentos, con lo cual “si bien hubo audiencia pública en el año 2014 que aprobó un aumento del cuadro tarifario, ese aumento fue en consideración a la ecuación costo-tarifa resultante para el usuario en ese año.

Ahora, con las variaciones nacionales y provinciales, esa ecuación costo-tarifa resultante, queda rota, variando sus factores de inicio y salida, y dando como resultado una tarifa excesivamente onerosa que se aproxima a una prohibición de facto de uso del servicio (en razón el costo prohibitivo)”.

Fuente: El Diario