La Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental por daño ambiental de incidencia colectiva de la empresa Atanor, considerada la tercera productora de herbicidas más importante del mundo, y dictó sentencia definitiva contra la firma ubicada en las inmediaciones del barrio Química de la ciudad nicoleña, alrededor de seis manzanas a la redonda, donde se estima que murieron cerca de 200 personas en el transcurso de años producto de la contaminación ambiental que ocasionaba la empresa al verter sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin tratamiento, además de enterrar de manera ilegal residuos peligrosos. La causa fue presentada en 2015 y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por reiteradas «demoras injustificadas» del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como bonaerense, situación que se encuentra en trámite pese al fallo definitivo a la acción de amparo.
Por otra parte, las ONG que participaron de la causa judicial apelarán el fallo para que la empresa se haga cargo, además, del resarcimiento económico correspondiente a las familias de las víctimas por el daño colectivo ocasionado la contaminación en el ambiente. Por lo pronto, la empresa dejará de producir un nocivo insecticida «Clorpirifos», que provoca daño neurológico en niños y niñas y que Atanor fabricó en durante décadas en esa zona densamente poblada.
En declaraciones a La Capital, el abogado ambientalista de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, Fabián Maggi, quien participó de la querella junto a Fomea, comentó: «La causa de Atanor se viene investigando desde hace muchos años a partir de testimonios de trabajadores de la empresa, quienes refieren que habían sido obligados a enterrar residuos peligrosos en tanques de 200 litros dentro del parque industrial».
A su vez, comentó que los obreros de la fábrica «denunciaban que los obligaban a desagotar los piletones de agroquímicos hacia la barranca del río Paraná para descartarlos directamente al curso de agua, sin tratamiento previo. Todo eso se pudo probar e incluso al día de hoy se pueden observar manchas en tonos anaranjados y amarillos sobre la barranca, que indican presencia de trifluralina. Pero, puntualmente, la sentencia que se dictó en los últimos días es una causa judicial se inició en 2015, y ya presentaba demoras injustificadas del Poder Judicial y que motivó a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y hoy se encuentra en trámite».
Hubo más de 200 casos en barrio Química de personas con cáncer y otras patologías por los vertidos y emanaciones de sustancias tóxicas. ¿Consideran un logro esta sentencia?
—Sin dudas que es bien recibido y genera una luz de expectativa porque es la primera vez que se logra un reconocimiento judicial de que la actividad de que la empresa Atanor es ilegal y así lo expresa en el fallo. También se tuvo acreditado por investigadores del Conicet y el trabajo conjunto de la Policía Federal Argentina (PFA) que la empresa contamina con sus efluentes líquidos el curso del río Paraná y también se comprobó la contaminación del suelo. Además, generan enorme expectativa los estudios que la jueza ordena realizar en cuanto al impacto ambiental respecto a la medición de la calidad de aire y el estudio de suelo, ordenado a través del Conicet. Y en base a eso, también ordena la orden de recomposición al condenar expresamente a recuperar el suelo afectado.
Ocurrió que, ante los casos de enfermedades agudas y malestares llamativos y elocuentes, los vecinos del barrio Química comenzaron a organizarse y realizaron un censo comunitario, casa por casa, con el objetivo de anotar y llevar anotando a las familias afectadas y allí se corroboró que alrededor de 200 personas habían muerto de cáncer como consecuencia de estar expuestas a sustancias contaminantes, tanto por inhalación como por consumo de agua, durante un lapso prolongado, producto de años de actividad contaminante de Atanor.
